Bajo el lema La vida está en riesgo ¡Basta! Al clóset no volvemos nunca más, más de cien localidades de la Argentina y varias ciudades del mundo se sumaron al repudio del presidente Javier Milei en su discurso en Davos.
En Rosario, la marcha convocó a 50.000 personas, con una movilización de 10 cuadras de largo, según fuentes de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad.
El colectivo Orgullo Rosario leyó un comunicado sobre el final de la jornada referido a la intervención del primer mandatario en la ciudad suiza, la semana pasada. Allí se destaca que “el ataque de este gobierno no es sólo discusivo. Viene implementando un brutal ajuste hacia el conjunto de les trabajadores, les sectores populares, juventudes, medio ambiente, a la salud, la educación y la cultura. Despidos, reducción del presupuesto público, vaciamiento de la salud pública como lo estamos viendo ahora en el Hospital Bonaparte que constituye un enorme ataque a la salud mental o la eliminación de programas fundamentales para el VIH, pacientes oncológicos, diabéticos, entre otros: ataques constantes a nuestros jubilades llevando adelante un verdadero gerontocidio, persecución hacia las organizaciones piqueteras, eliminación de los programas de ayuda alimentaria a comedores populares, despidos en los sitios de la Memoria, devaluación de los salarios y un crecimiento incesante de la pobreza. Todo esto en complicidad con los distintos gobernadores como lo vemos acá con Pullaro, que ahora quiere meter presos a les docentes que se movilizaron contra la nefasta reforma previsional”.
Además, expresaron “nuestro más enérgico repudio a los recientes dichos del presidente Javier Milei, los cuales han generado preocupación y rechazo en diversos sectores de nuestra sociedad, especialmente en relación con los derechos humanos y la inclusión social. En sus declaraciones, el presidente ha criticado abiertamente la agenda LGBT, calificándola de “ideología de género” y cuestionando la noción de género basada en la auto-percepción. Además, ha mencionado de manera aislada casos de abusos cometidos por personas del colectivo LGBT, sin hacer mención de la realidad de la violencia y los abusos que también involucran a personas cis-heterosexuales, lo que genera una percepción distorsionada y prejuiciosa. Asimismo, ha cuestionado el tratamiento de menores con hormonas y mutilaciones, considerando estas intervenciones como un abuso, sin reconocer la complejidad de las decisiones tomadas por los profesionales médicos y las familias en contextos de acompañamiento a personas trans. Estas afirmaciones no solo son irresponsables, sino que desconocen los derechos de los individuos a tomar decisiones informadas sobre su propia salud y bienestar. Finalmente, también ha manifestado su desacuerdo con las políticas de diversidad en instituciones públicas y privadas, acusándolas de perjudicar el mérito y de promover un retroceso hacia sistemas aristocráticos. Tal afirmación ignora el valor inclusivo de estas políticas y su impacto positivo en la creación de una sociedad más equitativa, en la cual todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, tengan las mismas oportunidades de desarrollo”.
Uno de los ejes del discurso presidencial en Davos que puso en alerta al colectivo de mujeres fue la crítica a la figura de femicidio y el anuncio, luego, por parte del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona del eventual envío de un proyecto de ley para eliminarla del código penal.
La jueza porteña Karina Andrade advirtió por qué es importante el agravante por femicidio y asegura que la figura no implica un privilegio para las mujeres, sino al revés.
“La figura no debe ser derogada, ya que visibiliza las muertes por violencia de género que ocurren de manera prácticamente diaria en Argentina y en el mundo. Es necesario aclarar que no todo homicidio de una mujer es femicidio, sino que lo es cuando ocurre en un contexto de violencia de género, es decir, en una relación de poder desigual basada en el género. Su aplicación no jerarquiza la vida de las mujeres, sino que identifica que su muerte estuvo marcada por una discriminación estructural y social, lo que la diferencia del homicidio común. El fundamento son los motivos de discriminación y opresión subyacentes. Son crímenes que tienen un componente de discriminación estructural y social que los distingue del homicidio común, y por eso requieren una respuesta estatal específica para prevenirlos. Algo similar pasa en casos donde se agrava por el vínculo, solo que el foco de mayor protección es otro. El homicidio dentro de la familia o a la pareja, por ejemplo, sin importar el género de cada uno, tiene también prevista la pena máxima”.
La fue convocada para la tarde del sábado 1° de febrero. Se trató de una convocatoria federal.
Hubo marchas en las localidades de 9 de Julio, Adolfo Gonzáles Chávez, Aristóbulo del Valle, Azul, Bahía Blanca, Caleta Olivia, Cañuelas, Chivilcoy, Cipolletti, Colón, Comodoro Rivadavia, Concepción del Uruguay, Concordia, Córdoba Capital, Coronel Dorrego, Coronel Suárez, Corrientes, Curuzú Cuatiá, El Bolsón, El Calafate, El Chaltén, El Soberbio, Eldorado, Esquel, Esquina, Fiske Menuco, Formosa, Furilofche, General Alvear, General Belgrano, General Juan Madariaga, General La Madrid, General Pico, General Villegas, Goya, Grand Bourg, Gualeguay, Gualeguaychú e Ingeniero Jacobacci.
También, en José C. Paz, Junín, La Paz, La Plata, Laboulaye, Las Grutas, Lomas de Zamora, Los Toldos, Magdalena, Mar Chiquita, Mar de Ajó, Mar del Plata, Mendoza, Mercedes, Merlo, Miramar, Monte Hermoso, Moreno, Morón, Necochea, Neuquén, Oberá, Olavarría, Paraná, Pergamino, Pico Truncado, Piedrabuena, Pigüé, Posadas, Puerto Deseado, Puerto Iguazú, Puerto Madryn, Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Punta Alta, Rafaela y Reconquista.
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